Mercadito de carnes

Dificultades legales para remozar estructura

Interés económico y social  por

            reactivar la actividad comercial.

Alejandro Sánchez Ramírez.

Cartago Al Día

      La Contraloría General de la República no ha querido dar permisos a la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, ya que para esto tienen que abrirse licitaciones para la restauración.

   Este centro de negocios representa para la institución educativa un gran beneficio económico para el presupuesto institucional, ya que al ser tan grande y con una población estudiantil sobre poblada devenga grandes gastos.

   Para remodelar esta estructura la Junta pretende hacerlo por una contratación directa a la compañía Grupo Daytron, cuyo presidente es Pinhas Zelkowics.

   Zelkowics afirma en un documento presentado a la Contraloría, que él siente un cariño muy grato, ya que su infancia la paso en la provincia de Cartago, y al ver la cultura y el valor patrimonial que conlleva esta edificación lo llaman a formar parte de la remodelación. 

   Este inversionista está dispuesto a ser la restauración de la parte interna y externa del edificio para alquilarlo, ya que el Ministerio de Salud lo declaró insalubre y lo desocupó en octubre del 2005.

   “Par tal restauración se propuso que el empresario pondrá la parte económica de al menos $500mil, la que no contará con intereses”, declaró el presidente de la Junta Administrativa Federico Molina Campos. Para dicho pago de la inversión se le dará el alquiler del inmueble por un periodo de 10 años, pagando en este periodo sólo el 50% en efectivo a la junta, y el otro 50% se lo ganaría la empresa para el retorno de la inversión.

   En un documento que la Contraloría le presentó al Junta Administrativa, pone algunas condiciones como, definir el objeto de la autorización, cuál es el beneficio que se pretende por parte de los inversionistas, cómo se pretende seleccionar a los negociantes privados e indicar cuáles son y cuál fue el método de escogencia.  

   Para que dicho trámite se pueda realizar con eficacia y aprobación de la Contraloría, se debe llevar un proceso de contratación administrativa, y no buscar un permiso o autorización para realizarlo por contratación directa.      

Molina afirmó que,”los proyectos con la municipalidad nada más fueron de palabras hace más de un año y todavía no se han sentado a negociar bien sobre este tema”.

  Mientras un documento presentado por la Contraloría afirma que la propuesta de la Municipalidad de Cartago es mucho mejor que la del inversionista, ya que la Municipalidad pagaría a $10 el arrendamiento, mientras que el inversionista a $9 el metro cuadrado.

  Estas dificultades legales han llevado a la Junta a presentar varias veces la propuesta a la Contraloría y todas han sido denegadas, ya que en todas se responde que tienen que ser documentos suficientemente claros y específicos.